La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustadas a la Carta Política de 1991 las normas que regulan el incidente de identificación de las afectaciones sufridas por víctimas de grupos armados ilegales, a fin de obtener la reparación a las que tienen derecho en el marco de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (artículos 23, 24, 27, parciales, y 33 y 40 de la Ley 1592 del 2012). Según el Ministerio Público, las exigencias allí planteadas no vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia, por cuanto se trata de mecanismos complementarios que no riñen con principios superiores. Pese a que el actor considera que este modelo impone límites a la reparación que no se producían en el esquema de resarcimiento judicial, la Procuraduría respondió que esta plataforma no se agota en lo económico, sino que tiene en cuenta otros componentes, como los derechos a la verdad y la justicia que, advierte, no fueron referidos en la acción. El proyecto de fallo está a cargo del despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas.