La Corte Constitucional sostuvo que si bien el deber de informar permite a los medios de comunicación publicar informaciones antes de la existencia de fallos que las soporten, tampoco pueden convertirse en sustitutos de las autoridades. Así, aunque sea desproporcionado exigirles la verificación de la autenticidad de los documentos en los cuales se basa la transmisión de una noticia, sí están obligados a tratarlos con imparcialidad. La Corte desestimó que un noticiero de televisión haya vulnerado el principio de veracidad al dar por cierta la información contenida en un documento, que resultó falso, pero sí consideró que está obligado a efectuar la debida rectificación. En su criterio, el accionado desconoció el principio de imparcialidad por no confrontar fuentes (M. P. Jorge Iván Palacio).