El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que la justicia internacional no restringe la posibilidad de que responsables de crímenes de lesa humanidad envueltos en conflictos armados puedan ejercer funciones públicas. En ese sentido, citó experiencias exitosas de otros países con conflictos de larga duración, que permitieron la incorporación al debate democrático de exalzados en armas, como el caso de Guatemala, Sudáfrica e Indonesia. Indicó que las víctimas no se verían afectadas con la participación política de los exguerrilleros, pero que sus derechos sí están atados al desarrollo de mecanismos eficaces de investigación y reparación integrales.