Tal y como lo anunció el día de ayer, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt radicó su ponencia sobre el marco jurídico para la paz (Acto Legislativo 01 del 2012). El ponente le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la reforma constitucional. Aunque, a su juicio, la reforma no sustituye la Constitución, considera necesario establecer condicionamientos a la renuncia a la persecución penal por delitos cometidos en el marco del conflicto, para que no se genere un marco de impunidad. La primera exigencia sería la obligatoriedad del cese de hostilidades y la dejación de las armas, junto al completo desmantelamiento de las estructuras de los grupos armados, incluyendo sus mecanismos de financiación, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Adicionalmente, la ponencia advierte que es irrenunciable el deber de ejercer persecución penal contra la sistemática comisión de delitos de lesa humanidad, lo que hace necesario establecer un mecanismo transparente para priorizar casos. Sobre este asunto, precisa que no se pueden excluir graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otras. Finalmente, Pretelt plantea garantizar a las víctimas de los casos no seleccionados la posibilidad de impugnar la decisión.