El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, defendió la priorización de casos que plantea el marco jurídico para la paz, al precisar que la idea de perseguir todas las actuaciones de los grupos armados mostró su fracaso más rotundo con la Ley de Justicia y Paz. Afirmó que en situaciones de normalidad pública sí es inadmisible renunciar a la persecusión a cualquier violación de las normas penales, pero que es claro que en este caso se establece un esquema válido y viable. Indicó que la propia CPI ha manifestado la necesidad de esclarecer las más graves violaciones a los derechos humanos y por eso es razonable que se establezca la orden de investigar los casos de sistematicidad y a los máximos responsables. Adicionalmente, respaldó establecer mecanismos de sanción diferentes a la privación de la libertad.