La solicitud hace parte de la sentencia a través de la cual la Sala Plena mantuvo la investidura de los 12 congresistas que participaron en la conciliación del texto de la reforma a la justicia, al anotar que en este expediente fue prácticamente imposible rastrear el origen, procedimiento y discusión de las proposiciones. El Consejo de Estado indicó que se debe establecer un método que permita identificar de manera inequívoca ese historial, a través de la publicación obligatoria previa de los informes de conciliación, a fin de que las plenarias conozcan con suficiente antelación a los debates dichos textos. Adentrándose en los argumentos que tuvo para rechazar las pretensiones de pérdida de investidura, la Sala advirtió que pese a que la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que impedía los conflictos de intereses en la discusión de actos legislativos, en ese entonces todavía estaba vigente la reforma constitucional que así lo establecía. Lo anterior porque la Sentencia C-1056 del 2012, que declaró inconstitucional el artículo 1º del Acto Legislativo 1º del 2011, solo tenía efectos a futuro. Así mismo, indicó que los congresistas no podrían haber perseguido un interés directo en la introducción de la doble instancia penal para legisladores, pues al no haber rendido versión libre en los procesos de esa jurisdicción que se adelantaban en su contra no podían haber tenido conocimiento previo de indagaciones en su contra. Además, el cambio de reglas en materia contencioso administrativa electoral no es adjudicable a los conciliadores, dijo (C. P. María Claudia Rojas).