La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que permite que las controversias entre personas pertenecientes a una misma comunidad indígena sean resueltas por autoridades ajenas a ella (artículo 11 de la Ley 89 de 1890). Para el Ministerio Público, la norma contraría el artículo 246 de la Constitución, que le otorga funciones jurisdiccionales a las autoridades de dichos grupos étnicos dentro de su territorio; a su juicio, tal omisión obedece a que la disposición demandada fue expedida más de 100 años antes de la Carta Política de 1991, lo que explica la inobservancia. La magistrada María Victoria Calle proyectará el fallo.