Ley 1098 del 2006 prohíbe conceder beneficios por preacuerdos o negociaciones con la fiscalía frente a ese tipo de conductas y otras cometidas contra niños y adolescentes. En pocas palabras, si la Ley 890 del 2004 surge como remedio frente a probables penas irrisorias derivadas de mecanismos de negociación y quienes cometen tales delitos contra niños y adolescentes no tienen derecho a rebajas, no tiene justificación que se les aplique la fórmula. Esta misma falta de justificación de la aplicación de la agravación de la sanción, dice, fue la que llevó a la Corte a no aplicar el señalado mandato frente a los delitos relacionados con el terrorismo previstos en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 en los que el procesado hubiere aceptado cargos; lo anterior, dado que esa norma tampoco les permitía disfrutar de rebajas por mecanismos de colaboración (M. P. Leonidas Bustos).