Como ajustadas a la Carta Política de 1991 declaró la Corte Constitucional las normas que determinan la graduación de la pena y los efectos de la retractación por casos de injuria y calumnia (artículos 223 y 225 parciales de la Ley 599 del 2000). Los textos demandados suponen una disminución de la sanción para el infractor que comete la falta sin que terceros tengan conocimiento de los dichos de agravio; dan lugar a la exoneración para quien se retracta antes de haberse dictado sentencia e imposibilitan iniciar la actuación penal contra quien, habiendo incurrido en la conducta, se retracta públicamente de lo dicho, antes de haber sido denunciado. La Procuraduría había solicitado a la Corte que se declarara inhibida.