Luego de ser aceptadas por el Congreso, parcialmente, las objeciones presentadas por el Ejecutivo, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1728, por medio de la cual establece normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines sociales y productivos. Esta nueva norma reforma el artículo 67 de la Ley 160 de 1994 y redefine el área en la que se permite adjudicar terrenos baldíos situados alrededor de zonas de explotación de recursos naturales no renovables. Así, la nueva área adjudicable se amplió a un radio de 2.500 metros alrededor de la explotación. Igualmente, la norma especifica que estos terrenos solo deben ser adjudicados a familias pobres. A partir de esta ley y como regla general, salvo las excepciones que establezca el consejo directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán en unidades agrícolas familiares (UAF). Cabe señalar que del texto aprobado por el Legislativo, y por solicitud del Gobierno, se excluyó la disposición que fijaba un límite para adjudicar terrenos baldíos cerca a reservas ambientales o parques nacionales naturales.