El fiscal Eduardo Montealegre compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Aparentemente, el integrante de la Corte Constitucional hacía lobby ante la directora Seccional de Córdoba, Gilma Londoño, para la selección del personal en esa unidad, señalamiento que además le valió a esta funcionaria su separación del cargo. De hecho, el jefe del ente investigador designó a cuatro funcionarias para que adelanten la indagación, que se suma al escándalo de Fidupetrol y la denuncia de la Alcaldía de Santa Marta por supuestas irregularidades en un fallo de tutela proyectado por Pretelt, que fue anulado por el alto tribunal constitucional en pleno.