El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del escolta de Liliana Gaviria, hermana fallecida del expresidente César Gaviria. El uniformado murió durante el fallido intento de secuestro de la familiar del exmandatario, el 27 de abril del 2006. La Sección Tercera recordó que el artículo 2º del Decreto 1717 de 1982 obliga a las autoridades a brindar seguridad a los expresidentes y a sus familiares y subrayó que debe ser permanente, tanto en sus lugares de residencia como en la oficina en la que despachen. Además, señaló que si bien los agentes de la fuerza pública desempeñan una actividad de alto riesgo que, por regla general, el Estado no está en la obligación de reparar, debe hacerlo cuando su materialización es el resultado de un daño que la víctima no estaba en capacidad de soportar. Para la corporación, la demandada es responsable del perjuicio, pues impidió que el agente muerto pudiera ejercer eficientemente su deber de proteger a la hermana del expresidente, al adjudicarle labores como chofer, sin siquiera ofrecerle herramientas alternativas para defenderse y defender a su protegida de un atentado (C. P. Carlos Alberto Zambrano).