La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que le otorgue visto bueno a la norma del plan nacional de desarrollo que exige a las empresas de telecomunicaciones públicas o mixtas solicitar aval al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) antes de iniciar operaciones de crédito público. Lo anterior porque pese a que a actos celebrados por los proveedores de este tipo de servicios se les aplica el artículo 55 de la Ley 1341 del 2009, que exige que aquellos sean regidos por el derecho privado, esta norma exige que, en estos casos específicos, se acojan a lo establecido por el derecho público. El Ministerio Público precisó que no se viola el principio de unidad de materia, dada la conexidad de esta disposición para con el gasto público, el endeudamiento y la estabilidad macroeconómica, además de la adquisición de tecnología, que son asuntos centrales de este plan de desarrollo. La ponencia corresponde a María Victoria Calle.