Dos nuevas consideraciones jurídicas que podrían tener incidencia en la demanda contra la reelección de Alejandro Ordóñez llevaron a la Sala Plena del Consejo de Estado a retractarse de su decisión inicial de no asumir el conocimiento de ese expediente; se trata de la nulidad de la elección del magistrado Francisco Ricaurte y la discusión sobre la validez de la reelección del Procurador General de la Nación. Inicialmente, la discusión se limitaba a definir si se viciaba el acto electoral por el hecho de que Ordóñez hubiese sido postulado y elegido por funcionarios que tenían parientes y personas cercanas laborando en el Ministerio Público, esto antes de decretarse nula la designación de Ricaurte. Sin embargo, el planteamiento de que el Congreso carece de competencia para reelegir al jefe del organismo de control, dado que no existe una norma que lo autorice expresamente, cambió el panorama. Lo anterior se suma a que varios magistrados consideran que la nueva interpretación que asumió la corporación respecto de los artículos 126 y 209 de la Constitución, que llevó a anular la elección de Ricaurte, también debería tenerse en cuenta para valorar el caso. De momento, la magistrada Susana Buitrago deberá proyectar la ponencia en torno de la cual se discutirá si el ponente actual, Alberto Yepes, está impedido para continuar actuando.