Cuando el Consejo de Estado estaba a punto de declarar la nulidad del Decreto 1351 del 2012, que permitió el archivo de la reforma a la justicia, un nuevo aspecto no contemplado antes de la votación fue preponderante para impedir un examen definitivo, el referente a la competencia de la máxima instancia contenciosa para pronunciarse. Pese al consenso existente en la Sala en torno a la ilegalidad con la que actuó el Presidente de la República al objetar un acto legislativo y convocar a sesiones extraordinarias al Congreso para impedir que lo entonces aprobado por el parlamento entrara en vigencia, buena parte de los integrantes de la plenaria del alto tribunal consideraron que no había lugar al control de legalidad de la actuación. La razón radica en que, para ellos, se trata de un acto de mero trámite que, al margen de ajustarse o no a derecho, no goza de las características que permitirían un análisis jurisdiccional. Contrario a ello, la mayoría considera que lo decidido en dicho acto administrativo crea una situación jurídica concreta, luego se trata de un acto definitivo que sí sería objeto de control judicial. De ahí que, al final, 13 magistrados votaran a favor de la ponencia de María Claudia Rojas, en el sentido de decretar nulo el acto, y los 9 restantes apoyaran la tesis según la cual la Sala debía abstenerse de decidir, por falta de competencia. Entre los que apoyaron el proyecto de fallo continúan las diferencias en torno a los efectos de la sentencia.