El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le pidió a la Procuraduría que invoque ante el Consejo de Estado un incidente de impacto fiscal a fin de que se modulen los efectos del fallo en el cual la administración fue condenada a reparar con cerca de $ 227.000 millones a las víctimas de un derrumbe que se produjo en el relleno sanitario de Doña Juana, en 1997. El burgomaestre amparó su petición en el inciso 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 3 del 2011, que faculta al Ministerio Público y al Gobierno Nacional para hacer este tipo de peticiones ante jueces de la República cuando el cumplimiento de las sentencias pueda generar una afectación grave en la sostenibilidad fiscal.