En concepto que hasta ahora fue objeto de reserva, el Consejo de Estado sostuvo que ni siquiera ante la ejecución de sanciones disciplinarias la administración puede abstraerse de su deber de iniciar un proceso de levantamiento del fuero contra el funcionario sindicalizado en torno del cual se requiera su desvinculación. Indicó que las garantías del artículo 39 de la Constitución buscan evitar que el beneficiario de dicha protección sea separado de su cargo sin que el juez verifique que ello se dio por justa causa. A su vez, dice, si el operario se encuentra incurso en una causal de inhabilidad, la administración debe acudir al operador laboral para solicitar el levantamiento del fuero sindical y hacer viable la ejecución de la sanción (C. P. William Zambrano).