Depuración normativa deja sin vigencia 143 decretos y 465 leyes

La reforma al Código Judicial de la Unión (Ley 76 de 1873) encabeza la lista de las leyes que perdieron vigencia expresa como consecuencia de la expedición de la Ley 2085, del pasado 3 de marzo, por medio de la cual se ejerció la figura de la depuración normativa. 

 

En efecto, 143 decretos, proferidos entre 1876 y 1994, y 465 leyes, adoptadas entre 1873 y 1996, fueron incluidos en la norma que busca fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica, mediante la operación efectiva de criterios tales como la obsolescencia, la contravención al régimen constitucional actual, la derogatoria orgánica, el cumplimiento del objetivo normativo, la vigencia temporal y la no adopción como legislación permanente. 

 

La ley adopta la figura a través de la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigor de normas obsoletas contrarias al régimen constitucional y afectadas con el fenómeno de la derogatoria tácita de un grupo de leyes y decretos que hoy no tienen aplicabilidad, identificados además como depurables por las oficinas y dependencias jurídicas de los sectores de la administración pública nacional.

 

Según la nueva ley, por obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente se eliminan 444 normas y por contravención se derogan 164. (Lea: Proyecto de depuración normativa será enviado de nuevo a sanción presidencial)

 

Consulte aquí el listado normas depuradas:

 

 

Los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales determinarán las normas administrativas, de carácter general y abstracto del sector correspondiente respecto de las cuales haya operado la pérdida de fuerza ejecutoria por decaimiento de sus fundamentos jurídicos, como resultado de la depuración. Una vez determinado el conjunto de normas, las autoridades competentes procederán a dejarlas sin efectos mediante otras normas del mismo rango jerárquico.

 

Obsolescencia 

 

El fenómeno de la obsolescencia, según lo define la Ley 2085, ocurre cuando las normas, a la luz de la realidad social, económica, cultural, política e histórica actual, resultan inadecuadas.  

 

Su aplicación, en esta oportunidad, condujo a que 444 integrantes del ordenamiento jurídico, entre leyes y decretos, fueran objeto de derogación expresa. 

 

Leyes como la 31 de 1877, en la que se concede un auxilio de mil pesos a un ciudadano para “imprimir y dar a luz” a una obra sobre moral universal, y decretos como el 794 de 1900, en el que se ordena la suspensión temporal de los remates mensuales de los documentos de deuda pública, son solo algunas de las normas que integran este grupo.  

 

Contravención constitucional  

 

La derogatoria por contravención al régimen constitucional actual fue decidida tras considerar la incompatibilidad del contenido normativo con las disposiciones superiores actuales, o bien por la regulación de instituciones inexistentes.  

 

Este grupo está conformado por 164 normas, también entre leyes y decretos, cuya derogación expresa no afecta ni modifica las situaciones jurídicas concretas o los derechos adquiridos que se hayan consolidado durante cada uno de los periodos de vigencia individual, ni las decisiones judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en dichos cuerpos normativos. 

 

Ejemplo de ello es la Ley 20 de 1958, con la que se creó el Instituto de reeducación y reducción de niños anormales, o el Decreto 11 de 1961, a través del cual se prohibieron las reuniones y las manifestaciones públicas en todo el territorio nacional.  

 

Por otro lado, en las facultades de Derecho se debe crear y profundizar la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas, como parámetros de conducta en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad.

 

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Sin perjuicio de la actividad permanente de revisión y actualización del ordenamiento jurídico, el Ministerio de Justicia publicará en su página web, a más tardar el 20 de julio de cada año, el listado de las normas que se encuentren derogadas expresamente y/o que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas.

 

Congreso de la República, Ley 2085, Mar. 03/21.