Tras admitir la demanda a un laudo que obligaría al Distrito Capital a pagar $ 14.000 millones, el Consejo de Estado determinó que la norma según la cual el recurso debe ser radicado ante la presidencia del tribunal de arbitramento no supone una restricción sino una posibilidad adicional para dar trámite a la acción. Así, dice, el artículo 161 del Decreto 1818 de 1998, que así lo dispone, no impide que el recurso sea presentado ante la secretaría del citado tribunal. La beneficiaria del laudo, Constructora San Diego Milenio S. A., pretendía que se revocara el auto de admisión, dado que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio no habían presentado la acción de nulidad ante la presidencia del tribunal de arbitramento. La actuación contractual en litigio cobija la construcción del Portal Suroriente de Transmilenio (C. P. Jaime Orlando Santofimio).