La Corte Constitucional declaró exequibles las normas en las que se consagran la creación de distritos, la fijación y modificación de sus límites (artículos 8º, 9º, 10º, 11, 16, 17 y 18 de la Ley 1617 del 2013). La Procuraduría había solicitado declarar inconstitucionales los artículos 8º, 9º y 18, por considerar que con ellos se viola el principio de reserva de ley orgánica, entre otras cosas, dado que el artículo 150-4 de la Constitución consagra en el Congreso el deber de establecer la división general del territorio.