La Corte Constitucional determinó que no se opone a la Carta Política de 1991 esta disposición, que define el hecho generador del impuesto de renta para la equidad (CREE) como el ingreso susceptible de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el periodo gravable respectivo y que además establece la fórmula para la liquidación de la base gravable (artículos 21 y 22 parciales de la Ley 1607 del 2012). La Procuraduría había coincidido con esta postura, pues consideraba que la regla no desconocía principios de legalidad, equidad y justicia tributaria.