La Procuraduría concluyó que la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos apartes del régimen pensional de congresistas y magistrados (artículo 17 de la Ley 4ª de 1992) viola la prohibición de regresividad y el principio de progresividad que, en materia de jubilaciones, defienden la misma corporación y la Corte IDH. En su solicitud de nulidad del fallo, el Ministerio Público indica que se desconocieron el artículo 48 de la Carta Política y el 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. A su vez, precisó que la decisión desconoce el precedente judicial que, dice, ha reconocido la prevalencia de los derechos adquiridos y su inmutabilidad, ordenada por el artículo 58 superior. Según el memorial, la Corte también terminó efectuando un juicio material sobre el Acto Legislativo 1 del 2005, que reformó el sistema pensional, así como algunos decretos, es decir, decisiones con naturaleza de actos administrativos, desbordando así sus competencias.