El procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional garantizar los derechos adquiridos por los congresistas en su régimen pensional, dentro de la demanda al artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. Sostuvo que el propósito que parece haber detrás del tema es el desmonte del régimen de prima media con prestación definida y que acceder a las pretensiones de la demanda le podría generar una falsa expectativa a los afiliados, cuando se evidencie posteriormente que no hay recursos para sostener el sistema. El jefe del Ministerio Público sostuvo que el Acto Legislativo 01 del 2005 plantea claramente la solución, al precisar que el tope de 25 salarios mínimos mensuales se debe aplicar a las pensiones concedidas después del 31 de julio del 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).