Dionisio Araújo, uno de los demandantes del régimen pensional de los congresistas (artículo 17 de la Ley 4ª de 1992), señaló que es evidente la inseguridad jurídica en este tema, por la disparidad con la cual los jueces han interpretado el tema. Precisó además que la persistencia de estas condiciones privilegiadas desconoce el inciso 47 de la Constitución, materializado con el acto legislativo 01 del 2005, que imponen un tope de 25 salarios mínimos para todas las pensiones posteriores al 31 de julio del 2010. Según Araújo, este régimen especial también desconoce el artículo 48 superior, que señala como parámetro para la liquidación los aportes que en su vida laboral haga el trabajador al sistema.