Horas después de que el Consejo de Estado decidiera que el Alcalde de Bogotá debía permanecer en su cargo hasta que se juzgue si la destitución de la Procuraduría fue legal, una sala de revisión de la máxima corporación constitucional falló una tutela en la cual le da dos meses a la Registraduría para que dé trámite al proceso de revocatoria. La Corte precisó que la inejecutabilidad del fallo sancionatorio contra Gustavo Petro deja a la autoridad electoral sin fundamento jurídico para mantener inactivo el proceso indefinidamente, en detrimento de los derechos políticos de la ciudadanía. La Sala anotó que la inactividad de la Registraduría en este caso no tiene un fundamento real, ni se enfrenta a una orden judicial que le haya impedido actuar.