La Sala Plena dejó sin efectos la Sentencia T-274 del 2012, en la que una sala de revisión había anulado la acción de grupo en la cual se acreditó la ocurrencia de los perjuicios causados a pescadores y campesinos que habitaban las riberas del río Anchicayá, debido a la contaminación generada por las labores de la empresa de servicios públicos. En su momento, la Corte consideró que el peritazgo por medio del cual se establecieron los montos del perjuicio material habían sido indebidamente incorporados como prueba anticipada. Para la sala de revisión, ese elemento de valoración no respondía al principio de contradicción que, conforme al artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, debe cobijar ese tipo de instrumentos probatorios. En ese entonces, la Sala incluso había cuestionado la veracidad de las conclusiones del estudio, desarrollado en un informe de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la gobernación, que tasaba los perjuicios por daños al ejercicio de la agricultura en casi $ 34.000 millones y por recursos pesqueros en $ 133.000 millones, para un total cercano a los $ 166.000 millones. Sin embargo, la Sala Plena se apartó de esas apreciaciones y decretó la nulidad del fallo en el que se ordenaba corregir el supuesto déficit probatorio para dictar sentencia nuevamente en el proceso de acción de grupo.