La creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como unidad administrativa especial del orden nacional, la cual hace parte del sector administrativo del ambiente y desarrollo sostenible, corresponde a un desarrollo preciso de las facultades entregadas al Presidente de la República en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución. Por tal razón, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 3573 del 2011, que creó dicha entidad para que se encargue del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión ambiental. El alto tribunal explicó además que la Ley 1444 del 2011 facultó al Presidente para crear entidades u organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y para señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades de las creaciones, fusiones y escisiones realizadas en la restructuración de la Rama (M. P. Nilson Pinilla).