La Corte Constitucional dejó en firme la acción de tutela por medio de la cual se determinó que la falta de notificación a los accionistas de la desaparecida Granahorrar sobre la intervención de esa entidad financiera no constituía daño antijurídico para los accionistas. Los demandantes pretendían que se revivieran los efectos de una reparación por $ 227.000 millones que, en su momento, había ordenada por el Consejo de Estado a su favor. Pese a los salvamentos de voto de los magistrados Alberto Rojas y Jorge Ignacio Pretelt, la tesis vencedora, expuesta hace tres años por Mauricio González, fue apoyada por cinco integrantes más de la Sala. Los oponentes a esta concepción alrededor de la intervención de la Superintendencia Financiera en la entidad consideraban irregular la actuación, habida cuenta de la falta de notificación a los socios respecto a la orden de capitalización, lo que para ellos demostraba la ocurrencia del daño. En definitiva, se ratificó que la administración no estaba llamada a resarcir a las accionantes, como lo había ordenado el Consejo de Estado.