La Sala Plena declaró constitucional esta disposición, que además extiende este tratamiento preferencial a obras de adecuación y ampliación de los penales (artículo 36 de la Ley 1709 del 2014). La Corte se opuso así a la tesis de la Procuraduría, que sostenía que el texto demandado desconocía las potestades que la Constitución y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial le concedía a municipios y distritos para controlar el uso del suelo.