La Procuraduría respaldó la Ley 1573 del 2012, mediante la cual se aprobó la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, al solicitarle a la Corte Constitucional que la declare exequible. Los artículos 9º, 226 y 227 superiores se ajustan a la fórmula que propone este tratado, dice el concepto, porque no impone a ninguno de los firmantes establecer medidas contrarias a su normativa interna, respeta la soberanía y autodeterminación de los pueblos y constituye una herramienta internacional para hacer más efectiva la actuación del Estado en contra de este tipo de delitos.