El Consejo Superior de la Judicatura adoptó un nuevo manual de contratación, que deberá ser tenido en cuenta en todas las actuaciones que adelante la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Estas gestiones, dice la resolución, deben adecuarse a los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros, según lo impone el artículo 209 de la Constitución; además, deben sujetarse a los criterios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Según el Consejo Superior, los acuerdos contractuales anteriores a la entrada en vigencia de este acto administrativo deberán seguir las condiciones existentes en el momento en que fueron pactados.