El Consejo de Estado resaltó la manera alternativa como el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 permite notificar decisiones de tutela, por medios distintos al telegrama. La corporación recordó el contenido de la norma, que da lugar a que el juez utilice otros mecanismos expeditos para dar a conocer sus decisiones. En el caso concreto, encontró que aunque la autoridad judicial no era responsable de la falta de notificación de la decisión, la equivocación de la empresa de correos respecto al envío sí potenciaba la conculcación de las garantías fundamentales del accionante. Con estos argumentos, la Sala ordenó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado efectuar la respectiva notificación, mediante correo electrónico y físico (C.P. Susana Buitrago).