La facultad de ius variandi con la que cuenta el administrador frente a los empleados que ejerzan funciones de dirección, manejo y confianza no es ilimitada, reiteró el Consejo de Estado. En virtud del artículo 53 de la Constitución, dice, si el traslado afecta la vida familiar del operario, este tiene derecho a la inamovilidad, y de ahí que esa potestad de las entidades no sea “omnímoda y unilateral”. En el caso concreto precisó que la renuncia libre y espontánea del funcionario no se acogió a los principios artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 110 y 113 del Decreto 1950 de 1973, pues no parte de una decisión libre sino de la renuencia de la Superintendencia de Sociedades a reversar su traslado, pese a que sus necesidades familiares así lo exigían (C. P. Alfonso Vargas).