Al declarar la excepción de cosa juzgada frente al Decreto 3550 del 2004, que ordenó la supresión del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), el Consejo de Estado ratificó la legalidad de esa determinación, que desestimó la existencia de vulneración de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores al servicio de la entidad. En esta oportunidad, la Sección Primera indicó que la norma no era susceptible de control mediante la acción de nulidad por inconstitucionalidad, sino la de simple nulidad. Señaló que el Presidente de la República actuó de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, que señalan las condiciones en las que el jefe del Ejecutivo tiene la facultad de ordenar la supresión de entidades estatales, y, siguiendo el numeral 15 del artículo 189 superior, que establece como una de sus funciones suprimir o fusionar este tipo de organismos (C. P. María Elizabeth García González).