El Consejo de Estado negó las demandas de pérdida de investidura que fueron interpuestas contra los congresistas Juan Manuel Galán y Gerardo Tamayo. En el primer caso, la Sala Plena determinó que no se demostró el tráfico de influencias en el que supuestamente incurrió Galán durante la reforma al Código Penitenciario. En el caso de Tamayo, cuya supuesta falta se fundamentaba en el hecho de que su esposa mantuviera un vínculo laboral con el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga (Santander), la Sala sostuvo que fue formulado con base en una causal inexistente.