El Consejo de Estado decidió el primer incidente de impacto fiscal desde la creación del instrumento jurídico y accedió a la petición de la Procuraduría de diferir, a dos cuotas, la reparación de $ 227.000 millones ordenada por la propia corporación, para las víctimas de un derrumbe de desechos que se presentó en el relleno sanitario Doña Juana, en 1997. En consecuencia, la entidad condenada podrá cancelar la mitad de las obligaciones con recursos de la vigencia fiscal del 2014 y el 50 % restante en el 2015. Cabe resaltar que algunos magistrados objetaron ciertos apartes de la ponencia, por la forma como se aplicó el contenido del artículo 39 de la Ley 472 de 1998, que reconoce un incentivo al demandante, pues consideraron desproporcionada la fijación de ese monto en el 10 % del valor de la condena. Al manifestar que el actor recibiría unos $ 22.000 millones, cifra varias veces mayor a la que se entregaría los afectados, los consejeros opositores propusieron que la regla fuera interpretada en el sentido de que el margen de la décima parte del valor de la sentencia era un tope máximo, evitando así que el demandante se beneficiara por la decisión del fallador de elevar el número de víctimas reconocidas en primera instancia, de unas 1.500 a 60.000. En criterio de los magistrados disidentes, este aparte del proyecto aprobado ayer no beneficiaba a los afectados y sí al actor, pero la mayoría decidió no acoger esta fórmula alternativa.