El Consejo de Estado estudiará la tutela que busca que las víctimas del deslizamiento generado en el relleno sanitario de Doña Juana en 1997 se notifiquen ante autoridad judicial y no ante la Defensoría del Pueblo de la sentencia que ordena resarcirlos. Según el Ministerio Público, la Ley 472 de 1998 establece que es el operador jurídico el llamado a reconocer derechos y acreditar la pertenencia a un grupo, en este caso, de afectados por el daño. La acción ataca uno de los apartes del fallo mediante la cual se condenó al Distrito Capital al pago de $ 227.000 millones, ya que ordena que la acreditación de quienes se consideran víctimas se haga ante la Defensoría del Pueblo (C. P. Carmen Teresa Ortiz).