Así lo concluyó la Corte Constitucional al examinar el contenido de artículo 11 de la Ley 1658 del 2013, que establece incentivos para lograr dicha formalización de la actividad. Para el actor, esta norma violaba el principio de unidad de materia, percepción con la que coincidía la Procuraduría, que consideraba que el texto demandado no se compensaba con el propósito de la legislación de solucionar problemas de la pequeña minería.