El Consejo de Estado anuló el acto por medio del cual el Consejo Nacional de Estupefacientes adoptó el procedimiento para atender solicitudes de reparación del daño causado en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato (Resolución 017 del 2001). Para la Sección Primera, este organismo cumple una función meramente consultiva, luego carecía de competencias legales para la expedición del reglamento. Según la providencia, es esta la conclusión que se deriva de la lectura del artículo 91 de la Ley 30 de 1986 (literales a), b) y c)), en el cual se consagran los deberes del consejo. La sala subraya que sus capacidades reglamentarias se limitan a la regulación de su propio funcionamiento y no a la atención de quejas o de eventuales procesos indemnizatorios que genere la aspersión aérea (C. P. Marco Antonio Velilla).