Mientras la jurisdicción ordinaria define si el empleador abusó de su posición dominante para persuadir al trabajador a renunciar, es necesario amparar sus derechos fundamentales relacionados con la vida laboral, concluyó la Corte Constitucional. Así, la Sala Plena anuló parcialmente la decisión de una sala de revisión que había revocado el reintegro de un operario de General Motors, ordenado por un juez de tutela, al considerar que el patrono sí había vulnerado las garantías fundamentales del accionante. El plenario ratificó las conclusiones de la Sentencia T-651 del 2012 en torno a que el actor podía acudir al juez laboral para demostrar que fue engañado por el empleador, que supuestamente lo convenció de renunciar bajo la promesa de contribuir a que obtuviera la pensión de invalidez, mediante un proceso conciliatorio. Sin embargo, la Sala Plena se opuso a parte de la decisión, en el sentido de mantener su reintegro provisional mientras se resuelve el caso en la jurisdicción ordinaria