El Consejo de Estado determinó que la necesidad de garantizar el orden público no puede poner en un segundo plano el deber preponderante de la administración de velar por el cuidado del medio ambiente, razón por la cual anuló un acto que permitía adelantar fumigaciones con glifosato en los parques nacionales naturales. Se trata del artículo 1º de la Resolución 13 del 2003 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que autorizaba aspersiones en los cultivos ilícitos que fueran hallados, tras la caracterización previa de los territorios por parte del Sistema de Parques Nacionales y la Policía Antinarcóticos. Basada en un estudio del Instituto Colombiano Agropecuario, la corporación subrayó que el contacto de estos químicos con los ecosistemas no solo afecta a los cultivos ilícitos, sino a plantas y demás especies naturales (C. P. Guillermo Vargas Ayala).