La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la norma que determina qué tipo de actividades se consideran de alto riesgo, para que se incluyan dentro de ellas las labores que desempeñan agentes del CTI de la Fiscalía con funciones de policía judicial y los escoltas y conductores (artículo 2º del Decreto Ley 2090 del 2003). Indicó que las responsabilidades de estos grupos generan una menor expectativa de vida saludable, sumado a que ya se les había reconocido tal grado de vulnerabilidad en el Decreto 1835 de 1994 (derogado por el Decreto 2090 del 2003) y la Ley 1223 del 2008. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González.