La Corte Constitucional determinó que es violatorio del derecho de las víctimas de la violencia a una reparación integral considerar que las prestaciones en materia de acceso a vivienda, formación y empleo y el desempate en casos de carrera administrativa son descontables de la reparación judicial que tienen el derecho a exigir. Con estos argumentos, declaró condicionalmente exequibles los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la Ley 1448 del 2011, que consagran el acceso preferente de las víctimas a los programas reseñados. Añadió que darle efectos reparatorios a estas disposiciones no genera un desconocimiento del principio de distinción, siempre y cuando los beneficios no disminuyan y generen un aumento en la calidad de vida de esta población. El magistrado Luis Guillermo Guerrero aclaró el voto respecto a la viabilidad de este tipo de medidas (M. P. María Victoria Calle).