El Consejo de Estado concluyó que el límite de edad para hacer parte de las corporaciones públicas es de 65 años. Para el alto tribunal, se trata del límite máximo procedente para decretar el retiro forzoso de funcionarios. La decisión de la Sala Plena se produjo en momentos en que uno de sus integrantes, el magistrado William Giraldo, se encuentra a la espera de que la Corte Constitucional resuelva la revisión a una tutela que, provisionalmente, le reconoció su derecho a cumplir su periodo constitucional de ocho años, pese a haber cumplido el plazo en cita. Frente a este caso se declararon impedidos el propio jurista y sus compañeros Olga Valle de la Oz, Stella Conto Díaz, Carmen Teresa Ortiz, Hernán Andrade, Víctor Alvarado, Augusto Hernández y Guillermo Vargas Ayala.