Unánimemente, la Corte Constitucional declaró exequible este instrumento, que busca facilitar relaciones comerciales entre México, Chile, Perú y Colombia (Ley 1721 del 2014), a través de acuerdos de intercambio de bienes, servicios y capitales. La Procuraduría había solicitado que se declarara constitucional la norma, al considerar que su trámite aprobatorio había cumplido con los requisitos constitucionales y legales del caso.