La incompatibilidad para ejercer como consultores, asesores o apoderados de particulares a los abogados que se desempeñen como servidores públicos, incluso por fuera de su jornada laboral, no vulnera el derecho a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad de dichas personas. Según la Procuraduría General de la Nación, esa situación genera un inevitable conflicto entre el interés público y el interés particular en su condición de servidores, pues gozan de acceso a información privilegiada y valiosa, que pone en riesgo el interés público. Añadió que se busca garantizar la dedicación exclusiva del funcionario al servicio del Estado. Por tal razón, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 del 2007.