María Adelaida Ceballos Bedoya
Directora de la línea de Sistema Judicial de Dejusticia

“¿Está planeando seguir la carrera de Derecho Mágico, señorita Granger?”, pregunta el ministro de Magia en Harry Potter. “No, no lo estoy”, responde Hermione. “¡Tengo la esperanza de hacer algo bueno en el mundo!”.

Desde temprano entendí que Hermione se equivocaba (como suele equivocarse su autora). Los juristas sí pueden incidir positivamente en el mundo, y eso lo aprendí, en gran medida, cuando estudié el rol vital que han tenido muchos magistrados(as) de nuestras altas cortes en la defensa de la democracia y los derechos. Es por eso que los procesos de selección judicial deberían ser lo más robustos posible, para garantizar que quienes lleguen a nuestras cortes estén a la altura de ese legado. En esta columna propongo seis grupos de criterios que contribuyen a ese propósito, los cuales provienen de una investigación que desarrollé con Carolina Villadiego, Rodrigo Uprimny y Kelly Giraldo. Estos criterios deberían implementarse en las 14 selecciones para altas cortes que ocurrirán en lo que resta del 2025.

Primero, los procesos deben asegurar la idoneidad y el mérito, entendidos como el conjunto de conocimientos y competencias técnicas requeridas para el cargo. Deberían establecerse estándares objetivos de selección que exijan, por ejemplo, una rigurosa formación académica y una carrera profesional sobresaliente.

Segundo, debería garantizarse la integridad ética y la intachable trayectoria de los seleccionados. Es difícil valorar estas virtudes, pero podría revisarse, por ejemplo, la ausencia de conflictos de interés, antecedentes disciplinarios y penales, y vínculos con puertas giratorias. En general, debería evaluarse el compromiso con los derechos fundamentales y la Constitución. Ortega y Gasset recordaba que magistrado proviene de magis –ser más grande o poderoso– por encarnar la ley, y todavía hoy se espera que los elegidos asuman la dignidad de ese rol.

Tercero, la independencia e imparcialidad son esenciales. Se requiere escoger juristas que privilegien la justicia y el Estado de derecho sobre sus intereses personales, y que tengan las cualidades para ejercer el “deber de ingratitud” frente a quienes los seleccionaron, como ha insistido Rodrigo Uprimny. Pero, además de ser independientes e imparciales, las magistradas(os) deben parecerlo, de allí que deba evitarse la selección de aspirantes cercanos a quienes los nominaron o designaron.

Cuarto, debe garantizarse la igualdad y no discriminación, asegurando el mismo trato a todos los aspirantes. Como manifestación de estas garantías, debería promoverse la diversidad de los aspirantes y seleccionados en términos de género, raza, etnia y origen territorial, entre otros. Como propone nuestra campaña #JusticiaDiversa, deberían adoptarse acciones afirmativas e interpretaciones del mérito que preserven la alta calidad, pero faciliten la inclusión de poblaciones tradicionalmente discriminadas. Además, debe cumplirse la Sentencia C-134 de 2023 (que revisó la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia), la cual ordena asegurar la paridad en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De hecho, deberían conformarse ternas y listas solo de mujeres para cumplir este mandato.

Quinto, deben respetarse los principios de publicidad y transparencia, así como otros lineamientos contenidos en la Constitución, la ley y las recomendaciones internacionales. En particular, el artículo 126 de la Constitución ordena que la selección de magistradas(os) (incluyendo los nominados por el presidente) esté precedida por una convocatoria pública que establezca previamente los requisitos y procedimientos. En esta convocatoria deberían establecerse plazos razonables, eliminarse los trámites innecesarios y publicarse las hojas de vida y las entrevistas de los aspirantes. También debería rendirse cuentas sobre por qué fueron (pre)seleccionados ciertos candidatos y no otros, y cómo se consideraron la equidad de género y la diversidad.

Sexto, deben abrirse espacios para la participación ciudadana que permitan el escrutinio público sobre los perfiles, criterios y procedimientos. Esta participación solo será efectiva si hay transparencia, tiempos adecuados para la intervención ciudadana y un compromiso serio con las denuncias recibidas.

Las próximas selecciones para las altas cortes serán decisivas para el futuro del Poder Judicial y (aun a despecho de Hermione) también lo serán para el fortalecimiento de nuestra democracia y nuestros derechos. Cada designación es una oportunidad para consolidar cortes que sirvan de dique contra las olas de autoritarismo y arbitrariedad que rondan la esquina. No podemos desaprovechar las 14 oportunidades cruciales que nos esperan este año.

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