Juan Carlos Portilla
Profesor de Derecho Internacional
Universidad de la Sabana

La suspensión de operaciones militares ordenada por Petro contra el Estado Mayor Central de Los Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias Calarcá, en medio de actos violentos como el atentado en La Plata (Huila), genera un miedo profundo sobre la estrategia de seguridad y paz del país. Crear una versión mejorada de una política de seguridad democrática podría ser una oportunidad para diseñar un enfoque más equilibrado y efectivo. Esto implicaría priorizar la protección de los derechos humanos, evitando prácticas como los falsos positivos y las “chuzadas”, mientras se mantiene una postura firme contra el terrorismo. Además, excluir amnistías para cabecillas guerrilleros podría enviar un mensaje claro de justicia y responsabilidad.

Enfrentamos retos complejos en seguridad, desde la presencia de grupos armados ilegales en regiones periféricas hasta la delincuencia común en zonas urbanas. Esta columna propone una política de orden democrático y seguridad con respeto al derecho internacional. Debemos fortalecer la autoridad estatal en todo el territorio, combatir el crimen de manera eficaz (tanto a nivel operativo como financiero) y hacerlo bajo el derecho internacional. Debemos recuperar la paz y la legalidad distinguiendo entre población civil y actores armados ilegales, evitando los errores del pasado (falsos positivos, las chuzadas e impunidad a Timochenko y compañía). La fuerza pública debe coordinar con autoridades judiciales para llevar a los criminales ante la justicia sin demora. A continuación, los componentes de esta política.

Inteligencia financiera para perseguir rentas criminales

La meta es golpear la financiación de disidencias de las Farc y crimen organizado. Estas organizaciones subsisten gracias a sus rentas ilícitas. El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando generan enormes flujos de dinero que les permiten comprar armamento y reclutar menores. Una política de seguridad efectiva debe dirigirse no solo a los cabecillas y tropas de estas organizaciones, sino también atacar sus fuentes financieras. El dinero criminal es el oxígeno que les permite persistir: sin financiación, no podrían mantener su poder terrorista.

El terrorismo depende primordialmente de rentas ilícitas para sostenerse. La implementación de una estrategia robusta de inteligencia financiera se vuelve indispensable para identificar, perseguir e incautar dichos recursos, minando así la capacidad operativa del terror. Los objetivos estratégicos deben incluir fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional y establecer alianzas estratégicas entre la Dian, la Uiaf e inteligencia militar y policial.

Deberíamos usar inteligencia artificial para inteligencia financiera. La minería de datos y análisis de relaciones permitirán identificar patrones sospechosos. Importante es aprovechar algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos financieros, optimizando la detección de redes financiadoras del terror. Tenemos que identificar los nexos financieros entre organizaciones criminales.

El gobierno Petro debería expedir una norma permitiendo a nuestros bancos intercambiar información de sus clientes tales como identidades y transacciones cuando se sospeche que puedan están financiando el terrorismo. Deberíamos potenciar alianzas con Interpol y Grupo Egmont, para el intercambio de información y coordinación operativa. Es clave que con países aliados formalicemos convenios que permitan el rastreo transnacional de flujos financieros, facilitando la extradición y el procesamiento judicial de responsables de delitos financieros.

Recuperar la seguridad en todo el territorio colombiano, incluyendo la frontera colombo-venezolana

La recuperación del orden público en Colombia es prioritaria para garantizar el Estado de derecho. En zonas históricamente afectadas por la ausencia estatal –como ciertas áreas rurales del Cauca o la frontera con Venezuela– grupos armados ilegales han llenado el vacío de poder, generando violencia y control paralelo. La frontera colombo-venezolana, de 2.219 kilómetros, ha carecido de control efectivo por parte de Petro y Maduro en los últimos años, con frecuentes hechos violentos en Arauca y Catatumbo. Allí operan el ELN, disidencias de las Farc y otras bandas, que incluso incursionan hacia Venezuela aprovechando la falta de autoridad, lo cual genera inestabilidad binacional.

La reaparición de grupos disidentes de las Farc tras el acuerdo de impunidad Santos-Timochenko de 2016 ha derivado en enfrentamientos armados, y ataques terroristas. En abril de 2024 se reportó en el norte del Cauca una escalada de violencia con ataque a una estación de policía, la explosión de un carro-bomba y retenes ilegales de guerrilleros en carreteras, acciones atribuidas al frente “Dagoberto Ramos” de las disidencias. Estas acciones dejaron heridos, daños materiales y comunidades enteras atemorizadas, evidenciando la necesidad de una respuesta estatal contundente.

La violencia contra líderes sociales indica pérdida de control territorial. En 2024, fueron asesinados más de 21 líderes en Cauca, atribuidos en gran medida a disidencias que disputan el territorio y buscan silenciar a quienes defienden los derechos de sus comunidades. Esta situación refleja un vacío de autoridad. Deberíamos reestablecer el orden democrático en esas regiones vulnerables. Esto implica desplegar suficientes efectivos militares y policiales en los municipios más afectados por la violencia, reactivando estrategias de control territorial que tuvieron éxito en el pasado y adaptándolas al contexto actual. Uribe logró ubicar bases militares en la mayoría de las cabeceras municipales y asegurar las vías principales mediante programas como el Plan Meteoro del Ejército. Este creó compañías motorizadas con vehículos blindados que patrullaban las carreteras y neutralizaban acciones terroristas, asegurando la libre movilidad de personas y bienes. Esa presencia constante disminuyó los ataques en vías y recuperó la confianza en desplazarse por el país.

Es vital incrementar la vigilancia en fronteras: en noviembre de 2023 se creó una Comisión Binacional Fronteriza para responder coordinadamente al crimen transnacional en la frontera. Dicha comisión debería enfocarse en frenar el narcotráfico, el tráfico de personas y la extracción ilícita de recursos en la zona limítrofe. Mientras la coordinación diplomática da frutos, Colombia debe robustecer la seguridad en su lado de la frontera mediante bases operativas en puntos estratégicos, patrullajes mixtos (Ejército-Policía) y puestos de control que limiten la movilidad de actores ilegales.

Además del despliegue físico, la inteligencia y el apoyo local son esenciales para retomar el control territorial. Involucrar a las comunidades a través de frentes de seguridad, redes de informantes e inversión social ayudará a aislar a los grupos armados de su entorno de soporte. La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (iniciativa que impulse como Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada) tuvo el propósito de fortalecer la seguridad mediante la cooperación entre la vigilancia privada y la Policía Nacional.

La población civil debe verse como aliada; de hecho, la protección de los civiles debe guiar todas las acciones de la fuerza pública. La ONU ha instado a Colombia a que la protección de la población sea central en la presencia estatal en todo el territorio. Garantizar que el Estado esté en cada rincón, con acceso sin restricciones a áreas remotas, es esencial para impedir abusos como el reclutamiento de menores (216 niños fueron reclutados por grupos ilegales solo en 2024) y para proteger a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas desproporcionadamente afectadas por la violencia. La restauración del orden no puede lograrse únicamente con operaciones militares, sino también cumpliendo con la función básica del Estado de proteger a sus ciudadanos y brindar justicia y servicios donde no llega.

Recomendaciones prácticas para la recuperación del control fronterizo

Petro tiene que incrementar los controles en pasos fronterizos formales e informales, mediante puestos conjuntos de Policía, Migración y Ejército. Emplear tecnología (drones de vigilancia, sensores) y cooperación de inteligencia con Venezuela para monitorear movimientos de grupos armados a través de la frontera. La Comisión Binacional Fronteriza debería neutralizar corredores de narcotráfico y captura de cabecillas que se refugian en el país vecino.

Cerrar nuestras fronteras a la inmigración criminal. Colombia ha acogido a tres millones de venezolanos que huyen de Maduro. La mayoría son personas honestas que contribuyen al desarrollo; sin embargo, un porcentaje menor de migrantes cometen crímenes, lo que genera percepciones negativas de seguridad. En municipios, autoridades locales han denunciado aumento de delitos cometidos por extranjeros, y han comenzado a tomar medidas drásticas contra ellos. En Bucaramanga, tras operativos especiales de verificación, el alcalde expulsó en febrero de 2025 a 11 ciudadanos venezolanos con amplio prontuario delictivo, quienes acumulaban en conjunto más de 80 anotaciones judiciales (por robo, porte de armas blancas, hurtos y riñas). Estos individuos fueron entregados a Migración Colombia y trasladados a la frontera para su deportación. En 2024 más de 50 extranjeros fueron expulsados de Bucaramanga por delitos similares, dejando claro el mensaje de cero tolerancia con inmigración criminal. Entre 2019 y 2021, Bogotá deportó a 1.023 venezolanos y expulsó a 3.211 por causas diversas (ingreso irregular, permanencia ilegal o actividades ilícitas).

A nivel nacional, las cifras respaldan nuestra preocupación: En 2023 más de 17.000 venezolanos fueron capturados en Colombia por diversos delitos. Si bien esta cifra debe leerse en el contexto de la gran población migrante (unos 2,8 millones de residentes venezolanos), esto evidencia la necesidad de controles migratorios más efectivos para identificar a individuos peligrosos que ingresan al país.

Mi propuesta busca implementar medidas firmes pero respetuosas de los derechos básicos, a fin de deportar a inmigrantes criminales y prevenir la entrada de criminales provenientes de Venezuela. Esto requiere un enfoque balanceado: por un lado, endurecer la vigilancia fronteriza y los filtros de antecedentes penales al ingreso; y por otro, mantener el compromiso humanitario con quienes migran de buena fe. Cerrar las fronteras a la inmigración criminal no significa clausurarlas a quienes buscan refugio. Colombia debe fortalecer la capacidad de Migración Colombia para hacer controles migratorios inteligentes. Un paso importante sería integrar bases de datos nacionales e internacionales: listas de alertas de Interpol, antecedentes judiciales suministrados por el gobierno venezolano u otros países, y sistemas biométricos en los puntos de entrada principales (aeropuertos, pasos terrestres). La Comisión Binacional Fronteriza debería enfocarse en identificar a extranjeros criminales para decidir si deben ser judicializados en Colombia o entregados a su país. Esta coordinación facilita verificar la identidad y prontuario de migrantes detenidos.

Una vez detectados criminales migrantes, se debe proceder a su deportación inmediata, cumpliendo el debido proceso administrativo migratorio. Debemos asegurar que cada deportación se ajuste al marco legal, con derecho a defensa del implicado. Estas acciones deben intensificarse ahora a nivel nacional frente a cualquier migrante implicado en hurtos, microtráfico, homicidios u otros crímenes. Para que la medida sea efectiva y acorde al derecho internacional, es fundamental que Venezuela admita el retorno de sus ciudadanos delincuentes.

Colombia debe endurecer la política migratoria para personas con expedientes criminales e imponer restricciones de visado, rechazar solicitudes de regularización a quienes mientan sobre sus antecedentes, y vigilar actividades sospechosas de extranjeros recién llegados. Migración Colombia debe tener más personal, tecnología y facultades para filtrar el ingreso y usar sistemas de reconocimiento facial en fronteras, interconectados con bases de datos de personas buscadas internacionalmente. Así se impedirá la entrada de individuos con órdenes de captura o pasado criminal conocido. Por vía diplomática, deberíamos solicitar al gobierno venezolano datos de antecedentes de sus ciudadanos migrantes y, a su vez, compartir información de colombianos que hayan delinquido en Venezuela. Debemos replicar en otras ciudades la estrategia de Bucaramanga, donde policía, ejército y Migración efectuaron redadas coordinadas para verificar la situación de extranjeros y capturar a reincidentes.

Conclusión

Colombia necesita una política de orden democrático y seguridad que respete el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Lo anterior es esencial para garantizar la legitimidad y sostenibilidad de cualquier estrategia.

El rechazo a prácticas como los falsos positivos y las chuzadas es fundamental para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Al mismo tiempo, excluir amnistías para terroristas envía un mensaje contundente de justicia y responsabilidad. La inclusión de inteligencia financiera para atacar las rentas criminales es un componente clave, ya que debilitaría las bases económicas de los grupos armados ilegales que operan tanto en Colombia como en Venezuela.

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