El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley de competencias, mediante el cual se establecerán las obligaciones de las entidades territoriales en relación con el nuevo Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta iniciativa tiene como propósito reglamentar la administración, ejecución y supervisión de los recursos destinados a programas de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, según lo informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Yopal, Casanare.

Según el funcionario, esta propuesta legislativa surge como consecuencia de la aprobación, en diciembre de 2024, del acto legislativo que reformó el SGP. Para su formulación, se conformó un comité encabezado por los ministerios del Interior y de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo de subcomités especializados en educación, salud y vivienda. El proyecto también establece los criterios para la distribución de los recursos, el cierre de brechas sociales y la recategorización de las entidades territoriales. (Lea:  La reforma al sistema de transferencias: una necesidad para la equidad territorial)

Según un comunicado emitido por la Presidencia de la República, la ley de competencias se plantea como un instrumento para garantizar el traslado progresivo del 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación hacia las entidades territoriales en un periodo máximo de 12 años, a partir del 2027. En este sentido, el ministro Benedetti enfatizó que una verdadera descentralización estatal se fundamenta en el incremento y la distribución gradual de los recursos, permitiendo a los territorios efectuar sus propias inversiones. Para alcanzar este objetivo, es indispensable una redistribución equitativa de los recursos y un proceso participativo que integre a todos los actores involucrados. (Lea: Fortalecen la autonomía territorial a través de este acto legislativo)

Además, el ministro subrayó los principales desafíos que deberá afrontar el Ejecutivo, entre los cuales destacó la reducción del tamaño del Gobierno central, la distribución equitativa de los recursos entre sectores y regiones, el fortalecimiento de los departamentos y la supervisión efectiva del gasto público. Asimismo, solicitó el respaldo de los gobernadores y advirtió que la concertación con las federaciones de municipios y departamentos será fundamental para evitar que el proyecto fracase en su trámite legislativo.

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