El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1039 del 2010, que adicionó un numeral al artículo 79 del Decreto 2474 del 2009 y que dispone que puede utilizarse la contratación directa de bienes y servicios en el sector defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los convenios de apoyo o colaboración con personas jurídicas de los sectores energético, minero, infraestructura, salud, comunicaciones y educación, así como para la ejecución de programas de acción integral y erradicación de cultivos ilícitos, entre otros. A juicio del alto tribunal, existe una contradicción evidente con el artículo 2° de la Ley 1150 del 2007, que autoriza esta modalidad de contratación en convenios que versen sobre bienes y servicios para la defensa y la seguridad nacional, sin referencia alguna a una categoría específica de bienes y servicios (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).